El brote de COVID-19 y la transformación del espacio público.
Estamos frente a una oportunidad histórica para transformar los espacios públicos y la movilidad de nuestras ciudades. De no aprovecharla, la cultura de la segregación y del automóvil privado podrían recobrar fuerzas y con ello sus probadas consecuencias sociales y ambientales.
Necesitamos transformar nuestros espacios públicos para adaptarnos a un mundo que progresivamente sale de la pausa instaurada para contener el brote de COVID-19. Conforme se han ido liberando las restricciones de distanciamiento social, al haberse superado la primer curva de contagios en varios países, se ha vuelto evidente la importancia de contar con amplios espacios públicos para poder movernos y convivir guardando sana distancia. Asimismo, ampliar espacios para la movilidad activa ha resultado útil para reducir parte de la demanda en el transporte público.
En América Latina, que recientemente se ha convertido en el epicentro de la pandemia, inicialmente Bogotá tomó el liderazgo al implementar las primeras ciclovías emergentes en marzo del presente año. No solo para promover traslados en bicicleta sino también para reducir los altos niveles de contaminación atmosférica que coincidieron con el inicio de la cuarentena en la ciudad colombiana. Esta medida que posteriormente fue replicada en Lima, Ciudad de México, Quito, Guadalajara y varias ciudades más en la región, hoy en día se ha vuelto común también en ciudades europeas y norteamericanas.
A la fecha son varios los gobiernos locales y nacionales alrededor del mundo que han establecido medidas emergentes para transformar el espacio público y fortalecer la movilidad no motorizada:
En Reino Unido, el gobierno central se ha comprometido en invertir 2 mil millones de libras esterlinas (alrededor de 2 mil quinientos millones de dólares) para promover infraestructura peatonal y ciclista.
En Róterdam, Países Bajos, se ha anunciado una inversión de 233 millones de euros (aproximadamente 260 millones de dólares) para incrementar sus áreas verdes durante los próximos 10 años.
En México, el gobierno federal presentó un Plan de Movilidad respaldado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, integrado con propuestas para promover entornos más saludables, seguros, sustentables y solidarios en el tránsito hacia la cotidianidad post COVID-19.
En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte Urbano (NACTO por sus siglas en inglés), integrada por 84 ciudades y agencias gubernamentales, hizo pública una guía para la adaptación de las calles estadounidenses en el marco de la respuesta y la recuperación a la pandemia.
Estas iniciativas emergentes están atendiendo a una serie de demandas que han permanecido por décadas en las agendas urbanas, como el establecimiento de vialidades ciclistas, la ampliación de banquetas y la reducción de las velocidades de tránsito.
La crisis generada por el brote de COVID-19 nos ha puesto frente a una oportunidad histórica para transformar los espacios públicos y la movilidad de nuestras ciudades. Es posible que a partir de nuestra respuesta a esta pandemia dependa el cumplimiento de la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y en general el desenvolvimiento de las agendas de resiliencia urbana y desarrollo urbano sostenible durante la primera mitad del presente siglo.
En RESILIENTE creemos que es imprescindible aprovechar esta oportunidad. De no hacerlo, la cultura de la segregación y del automóvil privado podrían recobrar fuerzas y con ello sus probadas consecuencias sociales y ambientales.